El martes 27 de octubre de 2026 a la mañana, tres medios bonaerenses publicaron casi con las mismas palabras el mismo parte: «535 kilos de plantas de marihuana, correspondientes a 334 ejemplares», 40 kilos de cogollos en 37 bolsas, 35 gramos de cocaína, un arma y dinero en efectivo. Lo atribuían a la Policía Bonaerense y a un operativo llamado «Sueño Verde», en Parada Robles, partido de Exaltación de la Cruz. No lo encontramos publicado en ningún sitio oficial. Al mediodía, un medio local subió a Instagram el video del procedimiento, filmado desde adentro, con este texto: «incautaron más de 500 kilos de marihuana, armas, cocaína y dinero en efectivo». Al 6 de noviembre tenía más de 44 mil «me gusta» y 821 comentarios.

Lo que el parte no dice

La otra mitad de la historia está en esos comentarios. El estudio jurídico que defiende a la asociación escribió: «Esa ONG es completamente legal. Allanan a las personas equivocadas provocando daños inigualables que encima de tener que pasar un proceso penal tiene que arreglar todo el daño provocado. Billy ya está libre porque el juez entiende la normativa». Una persona cercana explicó que fueron dos allanamientos distintos, hechos en simultáneo, y que uno de ellos fue a la asociación: «En la ONG no hay ni coc* ni arm*: hay un cultivo medicinal».

La noche anterior a que el parte saliera en los medios, el mismo estudio había publicado en su cuenta que un cliente «con 270 plantas legales» había sido liberado después de una noche detenido. Una asociación con autorización del Reprocann puede cultivar para hasta 150 pacientes, con hasta nueve plantas en flor por cada uno: hasta 1.350 plantas, según la Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud.

Ninguna de las ocho notas que encontramos sobre el operativo menciona una asociación, el Reprocann o a la defensa. El 3 de noviembre, doce días después del allanamiento y con el presidente de la asociación ya en libertad, un diario nacional publicó como exclusiva «detuvieron a dos dealers y hallaron 535 kilos de plantas», y otro medio tituló con «un freezer con candado repleto de marihuana en el cuarto de su hija». Vamos a contar el caso completo aparte, con la palabra de la defensa. Acá importa el mecanismo, porque se repite.

El mismo libreto en otros casos

Revisamos 103 notas sobre veinte allanamientos a cultivadores y asociaciones: cien son de este año y dos de cada tres, de octubre y noviembre. En 67, el texto es la versión oficial sin ninguna otra voz. En 29 aparecen las dos partes o la resolución judicial. En siete habla el sector o la defensa. Tres casos alcanzan para ver cómo funciona.

Resistencia, Chaco, 17 de abril. La policía lo presentó como el desmantelamiento de un laboratorio de cannabis, así lo tituló un portal local y el operativo se transmitió en vivo por redes. La casa la alquilaban dos personas con credenciales del Reprocann vigentes para 18 plantas en flor; la policía se llevó 17. No había dinero, ni armas, ni compradores. El 3 de noviembre se publicó la segunda parte: el fiscal antidrogas anuló de oficio el procedimiento y archivó la causa, porque, pasada la urgencia del primer ingreso, la policía siguió adentro sin orden judicial. No encontramos ningún medio chaqueño que lo replicara.

Malabrigo, Santa Fe, 3 de octubre. «Golpe al narcotráfico: desbarataron una ONG cannábica que ocultaba un negocio de drogas». Más de una docena de medios santafesinos reprodujeron el mismo parte. La asociación estaba inscripta en el Reprocann, pero según la fiscal el trámite de autorización no estaba terminado. El 9 de octubre, el juez rechazó la prisión preventiva, liberó a los dos imputados y se declaró incompetente; sobre la vocal de la asociación dijo que «acerca de la ultraintención de comercialización no puede deducirse». Encontramos esa segunda parte en dos sitios del mismo grupo editorial, con la misma firma. El caso tiene aristas discutibles, y el propio imputado reconoció que se excedió en las cantidades. Lo que no se discute es que la primera noticia llegó a todas partes y la segunda casi a ninguna.

El Challao, Mendoza, desde febrero de 2025. Dos asociaciones con estatuto, socios y actividad pública fueron allanadas, y ocho de sus integrantes quedaron imputados en la Justicia Federal por más de 300 plantas. Las dos habían iniciado el trámite de ONG en el Reprocann y cada socio tenía su permiso individual. Lo que nunca llegó fue el alta de la organización, y promovieron amparos. «Es falso que las ONGs no tienen permiso», dijo su abogado, Juan Palomino. El 5 y el 6 de noviembre hubo una audiencia clave; al cierre de esta nota no se conocía el resultado.

Hay variantes del mismo libreto. En Toay, La Pampa, a un cultivador con Reprocann le robaron las plantas; la policía allanó a los presuntos ladrones y encontró armas en una de las casas. Casi todos los medios lo contaron bien, pero uno tituló «secuestro de drogas y armas» sin decir que las plantas eran de un cultivador autorizado y que él era la víctima. En la Ciudad de Buenos Aires, un cable de agencia sobre un allanamiento por violencia de género se replicó en más de una docena de medios con las plantas en el título, y ninguno agregó un dato propio. En Alicia, Córdoba, el comunicado oficial decía que una pareja «utilizaba una ONG para la producción y venta de productos cannábicos»; diez medios lo copiaron y ninguno publicó el nombre de la asociación, si estaba en el Reprocann ni qué pasó después.

Los kilos de la planta entera

Volvamos a Parada Robles: 334 plantas que pesaron 535 kilos dan 1,6 kilos por planta. Ese no es el peso de lo que se consume. Es el de la planta entera, fresca, con tallo, hojas y raíz, y quizás con la tierra. Lo que se usa son los cogollos secos, y el parte los informa aparte: 40 kilos. Por eso la valuación de «$ 280 millones» se calculó solo sobre esos 40 kilos, como aclararon los medios que la publicaron: «una estimación orientativa». Los otros 535 kilos no tienen precio ni en la cuenta policial. Pero el título dice 575.

Una balanza de almacén con una planta de cannabis entera arriba, con el tallo, las hojas y las raíces con tierra, y una maceta vacía al lado

En el parte, la planta entera pesa como droga.

No es una excepción. Gendarmería informó en una nota oficial de 2024 que 218 plantas «arrojaron un peso bruto de 150 kilos»: la palabra «bruto» la escribió la propia fuerza. En una causa de Entre Ríos que la Cámara Federal de Paraná revisó en septiembre, 23 plantas dieron 435 gramos de hojas y 48 gramos de cogollos: el cogollo era el 10 % del material. Un dictamen de la Fiscalía ante la Cámara Federal de Casación transcribe cuánto THC tiene cada parte de la planta: entre 10 y 12 % las flores, entre 1 y 2 % las hojas, entre 0,1 y 0,3 % los tallos y menos de 0,03 % las raíces. Y el protocolo de análisis del Ministerio de Seguridad de la Nación pide informar «pesos netos» y la concentración de THC. El «peso bruto» no figura.

Con las «dosis» pasa algo parecido. En San Luis, un parte convirtió 1.218 gramos de flores en «3.654 dosis» y «$ 14 millones»: tres «dosis» por gramo y $ 4.000 cada una, el mismo precio por dosis que aparece, exacto, en otros dos partes de esa policía. En Córdoba, el comunicado oficial habló de «1.828 dosis» sin informar un solo gramo. La pericia usa otra cuenta: una «dosis umbral» son 3,5 miligramos de THC, así que un gramo de flor equivale a unas 28 y un gramo de tallo, a menos de una. Según quién cuente, un gramo es una dosis, tres o veintiocho. Ningún parte dice qué cuenta usó, y la palabra siempre suena a mucho.

La antropóloga Florencia Corbelle, que reconstruyó 49 allanamientos por cultivo entre 2010 y 2020 en un libro que ya reseñamos, lo describe con estas palabras: «suele pesarse el material en condiciones que distorsionan los resultados, ya sea porque se pesan las plantas completas –en ocasiones, con maceta y tierra– o porque los cogollos y derivados se pesan dentro de los recipientes en los que se encuentran almacenados» (Corbelle, 2026, cap. 4). Y cuenta un caso en el que «en la nota periodística las bolsas de sales de Epsom que había en la casa se informaron como el secuestro de "un kilo y medio de cocaína", pero en el expediente ni siquiera se menciona la sustancia» (cap. 3).

La policía arma el parte, los medios lo firman

Corbelle también describe para qué sirve el operativo: «comunicar a lxs vecinxs y, en general, a la sociedad en su conjunto, que se estaba "combatiendo el narcotráfico", aun cuando las condenas efectivamente obtenidas fueron escasas» (cap. 4). En sus 42 causas hubo ocho condenas, y ninguna de las personas que pasaron por prisión preventiva fue condenada en un juicio oral.

Una fotocopiadora que saca muchas hojas iguales con el mismo sello, al lado de una pila de diarios con la misma tapa

Un parte, decenas de títulos iguales.

La policía no respeta ni las reglas que tiene que cumplir. El protocolo pericial del Ministerio de Seguridad de la Nación pide peso neto, y los partes publican kilos de planta entera. La ley pide una orden para entrar, y en Resistencia siguió adentro sin ella. El Reprocann existe hace cinco años, y los partes siguen sin nombrarlo. Salen de una sola fuente, no separan domicilios ni causas y llegan con nombre de operativo y, en Parada Robles, con imágenes filmadas dentro del procedimiento: según la defensa y las personas cercanas a la asociación, ese parte y ese video juntaron un domicilio con cocaína y un arma con una asociación que tenía su cultivo en regla. Y no encontramos ningún parte posterior que contara una liberación, una nulidad o un archivo: el parte sale cuando entran, nunca cuando la Justicia dice que se equivocaron.

Y es el libreto de siempre. Lo que vemos en 2026 es lo que la comunidad viene denunciando hace décadas. Corbelle reconstruyó 49 allanamientos entre 2010 y 2020 y encontró lo mismo: operativos espectaculares, con muchos móviles y efectivos; policías que llamaban a los medios y sacaban las plantas a la calle para que las vieran los vecinos; plantas pesadas «con maceta y tierra»; y hasta un caso en que «reorganizaron los cogollos para que pareciera que estaban fraccionados para la venta» (cap. 3 y 4). En Neuquén, en 2010, la prensa habló de un «laboratorio» y de plantas «de 3 metros»; la resolución judicial dice que medían «entre 0,30 y 3,10 metros»: había plantines (Corda, 2018). Dieciséis años después, en Resistencia, el «laboratorio» volvió a aparecer.

La violencia tampoco es nueva. En un relevamiento de Ciencia Sativa, Acción Cannábica y AUPAC sobre 2022 y 2023, analizado por Corbelle, 140 de las 158 personas que pasaron por un procedimiento policial, el 89 %, dijeron haber sufrido algún tipo de violencia, y al menos seis denunciaron torturas. En los allanamientos, casi la mitad contó abuso policial y más de un tercio sintió amenazada su integridad física; en ocho hubo robos durante el procedimiento y en cinco entraron sin orden judicial. En la calle y en las rutas aparecen pedidos de coima, causas armadas y robos de dinero y de cannabis. El informe lo dice sin vueltas: la ley de drogas es «blandida como mecanismo de amenaza y extorsión». Una de las personas lo resume como «un clásico atropello policial/mediático». Otra describe lo que había en su puerta al terminar: «un ejército de policías aún más fuertemente armados y con protección listos para pelear contra un ejército de narcos del calibre del "chapo" Guzmán». Y el informe concluye que «una política reciente como el REPROCANN no siempre logra desarticular estas formas habituales de proceder». Cambió el registro. La policía, no.

A muchos de nosotros esto nos arruinó la vida. En los 42 casos de Corbelle, 24 personas pasaron parte o todo el proceso presas, algunas hasta cuatro años, y ninguna fue condenada en un juicio oral. Hubo quien quedó para su pueblo como alguien que «había estado presa» sin haber pasado un día detenida, familias que reprocharon «salir con un narco» y compañeros que dejaron de cultivar, uno de ellos con el Reprocann vigente (cap. 4 y 6).

Los medios convierten ese parte en noticia sin preguntar nada. En casi ninguna de las primeras notas de cada caso, que son las que más circulan, aparece la voz de la asociación, de la defensa o del registro, y nadie hace la cuenta de dividir 535 kilos por 334 plantas. Encima le suman el prejuicio: «dealers», «vivero narco», «ONG de pantalla», «predio lujoso», palabras que no figuran en ninguna resolución. Cuando la Justicia resuelve lo contrario, casi ninguno vuelve sobre el tema, y los títulos siguen ahí, indexados, con una asociación al lado de la palabra narcotráfico.

No hace falta suponer intenciones para señalar responsables: alcanza con poner una cosa al lado de la otra. Y el costo no lo paga ninguno de los dos. Lo pagamos nosotros: la asociación que tiene que «arreglar todo el daño provocado», el compañero que queda «en el imaginario local como transa», como escribe Corbelle (cap. 3), y los pacientes que dependían de un cultivo que se llevaron en bolsas.

El frente de una casa a la mañana, con la puerta abierta de par en par, macetas volcadas, tierra y tallos cortados en el piso

Lo que queda después del operativo no sale en el parte.

Lo que denunciamos:

  • A las fuerzas de seguridad: que entren sin orden, que roben durante los procedimientos, que pidan coimas y armen causas, que pesen la planta entera y la presenten como droga, que mezclen domicilios y causas en un mismo parte y en un mismo video, y que se callen cuando la Justicia libera, anula o archiva.
  • A los medios: títulos sin una sola pregunta a la asociación, a la defensa o al registro, plantas enteras sumadas a los cogollos como si fueran lo mismo, y la segunda parte en letra chica o en ningún lado.

No es un problema de redacción. Mientras la planta siga en la ley penal, el libreto se va a repetir.

Con Reprocann y todo

En todos estos casos había un registro, una credencial o un trámite del Estado en el medio, y en la puerta no cambió nada. Lo sabemos los que cultivamos hace años: la credencial ayuda a salir, pero no impide que entren. En Resistencia las credenciales estaban vigentes. En Parada Robles, según la defensa, la asociación era «completamente legal». En Malabrigo y en El Challao, las asociaciones esperaban una autorización que no llegaba. Y no son casos aislados: en el relevamiento de 2022 y 2023, de las 61 personas que pasaron por un procedimiento policial desde que existe el Reprocann, 27 ya estaban inscriptas. Una lo cuenta así: «podrían haberme dejado en el momento que mostré el carnet del REPROCANN… Todo por 1 gramo».

Una credencial del registro sobre una mesa, al lado de macetas vacías con los tallos cortados

La credencial queda. Las plantas, no.

El registro, además, se demora. En noviembre de 2025, fuentes del Ministerio de Salud informaron unas 240 mil personas habilitadas, más de 100 mil esperando respuesta, «algunos hace casi dos años», y 983 trámites de asociaciones pendientes sobre 1.403. La Corte Suprema ya había advertido en 2022, en el caso de Mamás Cannabis Medicinal, que las solicitudes deben ser «tramitadas y resueltas de manera rápida a fin de evitar que una deficiente implementación del régimen normativo previsto en la ley 27.350 torne ilusorio el derecho a la salud que se busca asegurar».

La única salida

Mientras tanto, la Ley 23.737 sigue siendo la de 1989: ni la ley de cannabis medicinal ni la de cáñamo la modificaron, y cultivar sin un permiso sigue teniendo penas que llegan a los 15 años. Con esa ley, cada planta es una excusa para entrar y cada allanamiento, un título. Y no sirve ni para lo que dice perseguir. Los números dicen siempre lo mismo:

  • Persigue a usuarios, no a narcos. En 2025, siete de cada diez casos registrados por la ley de drogas en todo el país fueron por tenencia, y el contrabando y la financiación del narcotráfico no llegaron al 1 %. En la provincia de Buenos Aires, solo la tenencia para uso personal sumó 27.251 casos: casi siete de cada diez. Son datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. En la Justicia Federal, casi la mitad de las causas de 2022 fueron por consumo, y más de 13 mil empezaron por «tareas preventivas» de las fuerzas, según la Procuraduría de Narcocriminalidad.
  • Expedientes que se abren y se archivan. En General Guido, con unos 3.000 vecinos, se registraron tres hurtos en todo 2025 y 507 casos por la ley de drogas: 495 fueron por tenencia para uso personal. En General Alvear fueron 968 de 991. Son «expedientes que se abren y se archivan casi al mismo tiempo», como los describió La Nación con los mismos datos oficiales.
  • Casi nada termina en condena. En el relevamiento de las organizaciones Ciencia Sativa, Acción Cannábica y AUPAC de 2022 y 2023, el 80 % de las causas terminó en sobreseimiento, archivo, desestimación o prescripción.
  • Para secuestrar casi nada. En las requisas de ese mismo relevamiento, «las cantidades secuestradas son en prácticamente la totalidad de los casos ínfimas».

Corbelle lo resume: con esta ley «se dilapidan recursos públicos persiguiendo y criminalizando a personas cuyas causas no sólo terminan en "la nada"» (2026, cap. 4).

Ni un parte mejor escrito ni un registro más rápido cambian eso. La única salida es la que la comunidad viene pidiendo hace décadas: la regulación total del cannabis, con uso adulto, autocultivo y asociaciones, que saque a la planta de la ley penal. Donde se reguló, las causas bajaron: en Uruguay, las de tenencia cayeron un 34 % entre 2011 y 2017, y en Alemania, los delitos vinculados al cannabis cayeron entre un 60 y un 80 % en el primer año. En nuestro Congreso, el único proyecto de regulación integral presentado en los últimos dos años que encontramos, de mayo de 2026, no se trató.

Un patio soleado con plantas de cannabis sanas en macetas, una regadera, una manguera y un portón de madera abierto a una calle con árboles

Regular es cuidar.

Nada de lo que tenemos nos lo regalaron. La ley de cannabis medicinal existe porque madres que cultivaban sin permiso para sus hijos lo dijeron en voz alta, en los medios y en el Congreso, cuando eso era delito. Eso tiene un nombre, desobediencia civil, y es parte de nuestra historia. Por eso vamos a seguir donde estuvimos siempre: defendiendo a los compañeros, a las asociaciones y a la planta, y contando la segunda parte cada vez que solo se publique la primera. Regular es cuidar: es que ninguno de nosotros, con los papeles en regla, dependa de que un juez «entienda la normativa».

Si te allanan

  • Tené a mano la credencial del Reprocann, impresa y en el teléfono. Si sos una asociación, también el estatuto y el alta. Mostralos antes de que empiece el acta.
  • Pedí la orden de allanamiento y leé qué domicilio y qué causa dice. Sin orden, la policía solo puede entrar en los casos de urgencia que fija la ley; en Resistencia, seguir adentro sin orden terminó en nulidad.
  • No declares sin abogado. Es un derecho, y lo que se dice en ese momento pesa después.
  • Pedí que conste en el acta qué se pesó y cómo: planta entera o flor, con maceta o sin ella. Si allanan más de un lugar, que quede separado lo de cada uno.
  • Anotá nombres, horarios y todo lo que se llevan. En Resistencia, las contradicciones horarias del acta fueron parte de la nulidad.
  • Guardá las notas que se publiquen, con fecha y link: sirven para cuando llegue la segunda parte.

En la sección REPROCANN de este sitio están los límites vigentes de la Resolución 1780/2025. Si querés contactarnos o hacernos una consulta, escribinos.

Fuentes