Recientemente, Agencia Tierra Viva ha informado sobre cambios significativos en la Ley de Semillas 20.247 de 1973, que podrían impactar severamente en los derechos de los agricultores argentinos. Las modificaciones se concretan a través de dos resoluciones que han generado preocupación entre las organizaciones campesinas.

Resoluciones que afectan el uso propio

La primera de estas resoluciones es la Resolución Conjunta 3, firmada en junio de 2026 por Martín Famulari del INASE y Sergio Iraeta de la Secretaría de Agricultura. Esta normativa permite la toma de muestras de semillas de manera descentralizada por parte de empresas privadas en campos y acopios, lo que facilitaría la identificación de la identidad varietal de las semillas a través de una intervención externa en los procesos agrícolas.

La segunda resolución, Resolución 197 del INPI, publicada el 19 de junio de 2026, deroga la Resolución 283, que anteriormente protegía la propiedad de las secuencias genéticas. Esta derogación abre la puerta al patentamiento de estas secuencias, un aspecto que podría limitar aún más la autonomía de los agricultores, quienes tradicionalmente reservaban semillas de su cosecha para futuras siembras.

Implicaciones para el consumo propio

Las organizaciones campesinas están alertando sobre la implicancia de estas resoluciones, que amenazan el concepto de “uso propio” que permite a los agricultores reservar semillas para replantar. Estas modificaciones no solo afectan la capacidad de los cultivadores para reproducir cultivos, sino que también plantean dudas sobre el futuro de la soberanía alimentaria en el país.

"El uso propio quedará reducido a excepciones, lo que limita nuestra capacidad de asegurar la seguridad alimentaria y experimentar con las variedades que cultivamos" — alertaron las organizaciones de agricultores.

La posibilidad de que las empresas privadas tengan acceso a las muestras y puedan reclamar propiedad sobre las secuencias genéticas podría también desincentivar la diversidad en la agricultura, lo que en última instancia afectaría la producción de alimentos y la sustentabilidad del agro en Argentina.

Conclusión

Las recientes resoluciones emitidas revelan una tendencia hacia la regulación más estricta que favorece a las corporaciones del agronegocio, a expensas de los derechos de los campesinos. Esta situación debe ser monitoreada activamente por la sociedad civil y las organizaciones vinculadas a la agricultura y la soberanía alimentaria, quienes abogan por un modelo más justo y equitativo que respete los derechos de todos los agricultores en Argentina.