Institucional

Académicos anti-marihuana son pagados por compañías farmacéuticas


thumbnail_img
Como los estadounidenses siguen a abrazando el cannabis como medicina los oponentes al uso recreativo están recurriendo a un conjunto de investigadores académicos para que reclamen a las autoridades que eviten flexibilizar las restricciones alrededor de la marihuana. Es demasiado peligroso, arriesgado, y no está probado, dicen. Del mismo modo que, financiado por compañías farmacéuticas de investigación han llegado a ser increíblemente polémicos en los últimos años, obligando a las principales escuelas y revistas de medicina para instituir requisitos estrictos de divulgación, ¿podría haber un conflicto de interés en el tema debate del cannabis? VICE ha encontrado que muchos de los investigadores que han abogado en contra de la legalización del cannabis también han estado están en la nómina de las principales empresas farmacéuticas con productos que podrían ser reemplazados fácilmente mediante el uso de la marihuana. Cuando estos individuos han sido citado en los medios de comunicación, sus lazos con la industria farmacéutica no han sido revelados. Tomemos, por ejemplo, el Dr. Herbert Kleber, de la Universidad de Columbia. Kleber tiene credenciales académicas impecables, y ha sido citado en la  prensa  y en publicaciones  advirtiendo contra el uso de la marihuana, que él insiste que podrían causar amplios problemas de adicción y de salud pública . Él está escribiendo artículos anti cannabis de opinión para la  CBS News , o citado por  NPR  y  CNBC , lo que no se dice es que Kleber ha  servido  como  consultor pagado  a las compañías farmacéuticas lideres del sector farmaceutico, incluyendo Purdue Pharma (el fabricante de OxyContin), Reckitt Benckiser (el productor de un analgésico llamado Nurofen), y Alkermes (el productor de un nuevo y poderoso opiáceo llamado Zohydro). Kleber, quien no respondió a una solicitud de entrevista, mantiene una importante influencia sobre el debate del cannabis. Por ejemplo, sus escritos ha sido  citado por la Asociación de Jefes de Policía del Estado de Nueva York en su oposición a la legalización de la marihuana, y ha sido publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría en un comunicado de advertencia de la organización contra la marihuana para usos medicinales. ¿Podría la relación financiera de Kleber a largo plazo con las compañías farmacéuticas ser visto como un conflicto de intereses? Los estudios han encontrado que la marihuana se puede utilizar para aliviar el dolor como un sustituto de los principales analgésicos recetados. La industria del analgésico opioide es un negocio de miles de millones que se ha enfrentado a crecientes críticas de los expertos, porque actualmente los analgésicos causan alrededor de  16.000 muertes  al año, más que la heroína y la cocaína juntas. Los investigadores consideran la marihuana como alternativa segura a los productos opiáceos como OxyContin, y no hay muertes por sobredosis conocidas. Otros opositores a la marihuana, lideres académicos, tienen vínculos con la industria del analgésico. Dr. A. Eden Evins, profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard, es un frecuente crítico a los esfuerzos por legalizar la marihuana. Ella está en el  tablero  de un grupo de defensa anti-marihuana, Proyecto SAM, y ha sido citado por los principales medios de comunicación que critican la ola de nuevas reformas relacionadas con el cannabis. “Cuando la gente puede ir a una” clínica “o” coffee “y comprar marihuana, que crea la percepción de que es seguro”,  dijo el  Times,  el año pasado. En particular, cuando Evins participó en un comentario sobre la legalización de la marihuana para el Journal of Clinical Psychiatry, la publicación encontró que sus relaciones financieras requieren una declaración de divulgación, señaló que desde noviembre de 2012, era “consultor de Pfizer y DLA Piper y recibía subvención / apoyo a la investigación de Envivo, GlaxoSmithKline y Pfizer “. Pfizer se ha movido agresivamente en el mercado analgésico $ 7300 millones. En el 2011, la compañía adquirió King Pharmaceuticals (los fabricantes de varios productos opiáceos) y actualmente está trabajando para introducir el Remoxy, un competidor OxyContin. El Dr. Mark L. Kraus, quien dirige una clínica privada y es miembro del consejo de la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción,  presentó testimonio  en el 2012 en oposición a una ley de marihuana medicinal en Connecticut. De acuerdo con las revelaciones financieras, Kraus sirvió en el panel científico asesor para empresas de analgésicos como Pfizer y Reckitt Benckiser el año anterior a su activismo en contra del proyecto del cannabis médico. Ni Kraus o Evins respondieron a una solicitud de comentarios. Estas revelaciones de académicos añaden forraje al argumento de que las compañías farmacéuticas mantienen vínculos tranquilos hasta el vestíbulo de la prohibición de la marihuana. En julio, me  informé de la Nación  que muchos de los más grandes grupos de defensa anti-pot, incluyendo el Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América, que ha organizado la oposición a la reforma a través de su red de activistas y por medio de la entrega de material de promoción (opción de la muestra EDS contra el cannabis médico junto con videos del estilo Madness Reefer, por ejemplo), basandose en una importante financiación por parte de empresas de analgésicos, incluyendo Purdue Pharma y Alkermes. Grupos anti-drogas financiados por farmacéuticas como la Asociación para Niños Libres de Drogas y CADCA que utilizan su presupuesto para obsesionarse con el cannabis mientras que el problema de las drogas es mucho más grande en los Estados Unidos por los opioides prescritos. Como  ProPublica  informa , investigadores pro-analgesicos financiados ayudaron a alimentar la adicción mortal de Estados Unidos a los opioides, como OxyContin y Vicodin. Estos académicos, con la tranquilidad de la financiación de de las principales empresas de la píldora del dolor, animan a los médicos a recetar estos fármacos por una gama de cuestiones de alivio del dolor, lo que lleva a donde estamos hoy como el  mayor consumidor del mundo  de analgésicos y la capital de la sobredosis del planeta.
Legales

Las drogas en su propio laberinto


La lucha contra el narcotráfico fue uno de los puntos fuertes de las campañas presidenciales, pero el control de las drogas tiene más de cien años en el país.

thumbnail_img
Por José Montero / Ilustraciones Emiliano Martínez  Los controles sobre las drogas en la Argentina comenzaron hace cien años. En ese tiempo pasamos de un período en el que las sustancias eran legales (hasta la década del 20) a una espiral de vigilancia donde los únicos perseguidos con fiereza son consumidores y perejiles. El narcotráfico, mientras tanto, creció y conformó cárteles que hoy compran (o alquilan, permutan y asocian) a jueces y jefes policiales, transan con la política y dejan centenares de cadáveres. Frente al fracaso del prohibicionismo a ultranza, los intentos de legalizar el consumo no han prosperado y nada indica que vaya a cambiar con el gobierno de Mauricio Macri. El paraguas abierto por la Corte Suprema en 2009, que despenalizó de hecho el uso personal en el ámbito privado, dejó a muchos a la intemperie. La policía sigue deteniendo a gente en la calley hay magistrados que todavía inician procesos por tenencia de pequeñas cantidades, sobre todo en el interior. ¿Los adictos? Bien, gracias. Mientras discutimos si la última década fue ganada o perdida, en el tema drogas nos fumamos un siglo entero en una derrota por goleada.  Esa es la visión de numerosos especialistas y también es la sensación que queda tras leer Historia de la droga en la Argentina, libro de los periodistas Mauro Federico e Ignacio Ramírez, un bibliorato de 472 páginas que se devora con la misma avidez con que podemos clavarnos varios capítulos de Breaking Bad al hilo. Reseña cómo evolucionó (o involucionó, o fue y vino) el tratamiento de las sustancias psicoactivas desde el arranque del siglo veinte hasta nuestros días, y trae datos desconocidos aun para el lector medianamente informado. ¿Sabías, por ejemplo, que la única ley que despenalizó la tenencia para consumo personal fue promulgada por la dictadura de Juan Carlos Onganía, el mismo represor de la Noche de los Bastones Largos y del Cordobazo? Flor de contradicción. ¿De ahí vendrá aquello de ¡la vida por Onganía!?  Luego de investigar tres años para escribir el trabajo, Ramírez se permite desconfiar de una de las últimas novedades en relación con las drogas: la incautación, en octubre pasado, en Jujuy, de casi cuatro kilos de un compuesto sintético que hasta ahora no había sido secuestrado en el país: el2CB, Nexus o cocaína rosa (lo llaman así porque es un polvo de ese color, aunque no viene del arbusto andino). Hasta quince veces más caro que la cocaína tradicional, apunta a un público vip. En el Puente Internacional La Quiaca-Villazón, que comunica con Bolivia, la Aduana y la Gendarmería detuvieron a dos colombianos que traían el producto. La noticia salió en todos los medios, pero ¿ese fue el fin de la crónica policial? Parece que no. En este caso, Ramírez sospecha que los organizadores del embarque mandaron al muere a los dos chorlitos para hacer publicidad. "Es una forma de decirles a los consumidores: Llegó lo último, pedíselo a tu dealer". Un ¡lloren, chicos, lloren!, pero más maquiavélico. Así de compleja puede ser la trama. BREVE HISTORIA DE PROHIBICIONES Los vaivenes locales acerca de las drogas siempre respondieron al contexto mundial. La avanzada de Control sobre Kaos comenzó durante la Segunda Conferencia Internacional del Opio, celebrada en La Haya, Holanda, en 1912. La Argentina se adhirió a ese tratado, pero recién lo aplicó a partir de 1919, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando el Departamento Nacional de Higiene estableció que solo las farmacias y las droguerías podían importar opio, cáñamo, heroína, cocaína y sus derivados "con fines médicos y científicos". Las sustancias formaban parte del vademécum.  El tema fue que algunos farmacéuticos se hicieron millonarios vendiendo cocó y morfina (como rezaba el tango) sin receta. Se trataba, apenas, de una contravención. Las autoridades decomisaban los frasquitos y hacían una multa irrisoria. No pasaba nada. Por eso, en 1921, se sancionó una ley sobre el "suministro infiel de medicamentos", que penaba con prisión a quienes vendieran sustancias peligrosas para la salud ocultando su "carácter nocivo". Pronto se presentó el caso de un hombre que fue detenido y luego liberado porque sus clientes declararon que ellos sabían lo que estaban comprando. O sea, no había engaño.  Leopoldo Bard era un médico radical -un adelantado a su tiempo- que presentó sin suerte un proyecto de ley de divorcio y otro de voto femenino. Bien. Pero la onda progresista se le terminó cuando impulsó la Ley 11.309, sancionada en 1924, que establecía como delitos -y les fijaba penas de cárcel- la introducción clandestina al país de las sustancias, su venta sin receta y el expendio en dosis mayores a las indicadas.  Dos años después, cuando se discutía una ampliación para esa ley, el diputado socialista Enrique Dickmann dijo una frase todavía actual: "Cuando la policía es venal y hay tolerancia de los jueces, todas las leyes represivas son letra muerta y se va a vender cocaína y habrá cocainómanos y morfinómanos, con el agravante de que estas leyes distraen tiempo, paciencia e inteligencia que el Congreso podría aplicar a mejores cosas".  Por supuesto que no le hicieron caso y en 1926 las penas de reclusión se hicieron extensivas a "los que no estando autorizados para la venta tengan en su poder las drogas y no justifiquen la razón legítima de su posesión o tenencia". Para los consumidores, ese fue el huevo de la serpiente. En 1930, la Cámara del Crimen condenó a un hombre al que le encontraron tres gramos de coca por entender que era "inadmisible la excusa del consumo personal".  Corrían épocas de mala vida y pistoleros que robaban de ciudad en ciudad en un escenario de prostitución, trata de personas y otros vicios (más o menos como ahora, bah). El orden democrático se había terminado y alumbraba la década infame. En 1938, se creó la Gendarmería Nacional, centinela de la patria, y en 1943 la Policía de la Capital se transformó en Policía Federal. Pasos firmes hacia un control botonazo del territorio, al estilo FBI.  Dentro de una corriente de moralidad, también en el 43 comenzaron a aplicarse restricciones a la difusión del lunfardo por radio, y entonces los tangos que aludían a la droga (muchísimos) cayeron en el olvido o cambiaron su letra. Famoso es el caso de Los mareados, que originalmente, con otras rimas, se llamaba Los dopados.  El primer peronismo, en 1949, limitó la inscripción de importadores de hojas de coca y en 1951 creó una comisión para "propender al definitivo desarraigo del hábito del coqueo en nuestro país". Ya es conocida la máxima atribuida a Perón: "Si querés que algo no se resuelva, creá una comisión".  Los militares que dieron el golpe de 1955 ratificaron la ilegalidad del consumo con tanto celo como el aplicado al intento de borrar el nombre de Tirano Prófugo. En 1961, Naciones Unidas realizó la Convención Única de Estupefacientes. Ahí se aprobó un tratado que fue el fundamento del régimen global de control. Al año siguiente, por una nueva ley de aduanas, la Argentina fijó penas de uno a ocho años de prisión para el contrabando de drogas.  En 1968, Onganía, por un lado, reformó el Código Civil para posibilitar la internación compulsiva de adictos y, por el otro, dictó la ley penal en la que se castigaba solo al que tuviese en su poder estupefacientes "en cantidades que excedieren las que corresponden al uso personal". Al final, La Morsa primigenia iba a quedar más open mind que Aníbal Fernández; la otra Morsa, autor de uno de los proyectos de legalización de los últimos años.  La legalización tuvo vigencia hasta 1973, cuando fue derogada por provenir de un gobierno de facto. Entonces comenzó la represión en serio de los consumidores. En octubre de 1974 se sancionó la Ley 20.771, surgida de varios proyectos, entre ellos, algunos presentados en su momento por Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón y José López Rega. Esa norma consideró al narcotráfico contrario a la seguridad nacional y estableció penas de uno a seis años "al que tuviere en su poder estupefacientes, aunque estuvieren destinados al uso personal".  Iniciada la dictadura en 1976, esa ley del peronismo de derecha causó estragos. Hubo casos tan delirantes como terribles, en los que se procesó a gente a pesar de que no había cuerpo del delito.El olor de una droga, percibido por un policía, o la declaración de que alguien había fumado un porro que ya se había evaporado eran suficientes para abrir una causa. La tortura era moneda corriente. Un padre llamó a una comisaría para que le dieran un escarmiento a su hijo porrero y los canas lo dejaron estéril por la picana. En 1978, la Corte Suprema sentó una jurisprudencia acorde a los tiempos violentos y penalizó a los consumidores. "Si no hubiera interesados en drogarse, no habría tráfico ilegítimo de drogas", sentenció con lógica verde oliva.  Durante la primavera alfonsinista comenzó a debatirse en el Congreso una nueva ley de estupefacientes, la cual vio la luz en 1989, entre la hiperinflación y los primeros meses de gobierno de Carlos Menem. Es la todavía vigente 23.737, que llenó cárceles con consumidores y traficantes menores y apenas unos pocos calabozos con peces gordos. "Prenden fuego y no queman nada", sintetizó, ya en 1991, La Renga en su tema "Blues de Bolivia".  Mientras, la jurisprudencia de la Corte siguió un camino errático desde la restauración democrática.En 1986, en un caso donde estaba implicado el guitarrista Gustavo Bazterrica, resolvió que era improcedente sancionar la posesión de pequeñas cantidades para uso personal, ya que el artículo 19 de la Constitución dice: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados". Sin embargo, en 1990, la Corte menemista volvió al criterio de la dictadura, lo cual significó un retroceso que se revirtió recién en 2009, cuando una nueva composición falló en el caso conocido como Arriola. En ese expediente, dos vendedores de marihuana fueron condenados mientras que cinco consumidores quedaron a salvo de la persecución penal. En la práctica, esto significó una despenalización parcial del consumo, siempre que se limite al ámbito privado y no participen menores.  Lo que pasó en los últimos años ya lo viviste: paco, explosión de drogas sintéticas, guerras en las villas de Buenos Aires, récord de homicidios en Rosario, túneles y búnkeres de drogas, jefes policiales procesados y jueces más que sospechados, sicarios que matan en la calle o en el estacionamiento de un shopping.  ¿Qué es lo que se viene en el plano mundial? En abril próximo se celebrará la Ungass 2016, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que podría revisar el marco internacional para el control de drogas. La última reunión de este tipo fue en 1998. En las preparatorias para la Ungass, los doce países que forman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entre ellos la Argentina, dijeron que llevarán una postura que se aleje de lo punitivo, que se centre en la salud y deje atrás la "guerra contra las drogas" que se planteó hasta ahora, con resultados nefastos de decenas de miles de muertos en Colombia y México.  Algunos se entusiasman con la posibilidad de que la Ungass sugiera políticas no prohibicionistas, pero ahí están las potencias como Estados Unidos, Rusia y China para recordar quién manda.  LA PATA LOCAL   Como caballito de campaña, la lucha contra el narcotráfico apareció en todas las plataformas (o esbozos de plataforma) de los candidatos. Sin embargo, quienes conocen el tema como Mauro Federico no se ilusionan con las promesas electorales: "Macri evidencia falta de conocimiento, hizo una campaña de eslóganes y se rodea de gente con un perfil punitivo, persecutorio y de criminalización. No alcanza con un abordaje policial".  Desde el nuevo gobierno lo desmienten. Aseguran que tienen una mirada más amplia y que van a contemplar a los consumidores, pero descartan de plano la posibilidad de despenalizarlos. Apenas designado, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco (reemplazante de Sergio "Helicóptero" Berni), hizo su declaración de principios: "No soy partidario de la despenalización de nada que facilite a los jóvenes el acceso a las drogas. Sí creo que las personas adictas tienen que ser tratadas desde la salud y la asistencia social". Guillermo Montenegro, referente histórico de Macri en temas de Justicia y Seguridad, es tajante: "Hablar de despenalización en la Argentina de hoy no es posible. No. No hay ninguna posibilidad de que esto funcione. Lo que se va a buscar es disminuir la oferta y la demanda de drogas".  En el tema adicciones, los macristas tienen como palabra santa la de los curas villeros. Veneran en especial a José Di Paola, el padre Pepe, párroco de las villas de Barracas durante trece años que fue amenazado por los narcos del lugar y tuvo que guardarse en misión pastoral una temporada en Santiago del Estero, hasta que volvió a Buenos Aires hace unos meses para trabajar en la villa La Cárcova, partido de San Martín. El sacerdote siempre ha dicho que "despenalizar el consumo es mandar un mensaje equívoco a los jóvenes".  Más allá de los transas que querían crucificarlo, hay otras personas que cuestionan al padre Pepe por la visión eclesiástica, según la cual el adicto tiene suprimida la voluntad y la conciencia, y entonces otro debe decidir por él.  Uno de los críticos es Emilio Ruchansky, editor de THC. La Revista de cultura cannábica y autor deUn mundo con drogas, libro que investiga los caminos alternativos a la prohibición en países como Holanda, España y Suiza, entre otros. Concretamente, señala a los curas villeros, a la Iglesia católica en su conjunto, a grupos evangélicos y a las comunidades terapéuticas (granjas de rehabilitación) de haber frenado los proyectos de despenalización del consumo personal que se presentaron durante el anterior gobierno en el Congreso.  "Muchas de las granjas son ilegales, no cumplen las leyes de salud mental. Funcionan como centros clandestinos de detención, los familiares pagan para que chupen al hijo así no lo ven. Algunas prestan un servicio de secuestro. Entre varios meten al pibe en un auto y lo llevan al centro. A veces, la internación comienza con un engaño, le dicen que va por una consulta. Otros entraron por su voluntad, quieren salir y no los dejan", afirma Ruchansky.  Agrega que las granjas desechan los tratamientos ambulatorios y proponen internaciones largas por un interés económico. Hasta los centros más accesibles cobran más de $20.000 por mes, lo cual resulta caro si se tiene en cuenta que reciben subsidios, hay poco personal, los pacientes cocinan, hacen limpieza y mantenimiento, y a veces deben salir a vender pastelitos u otros productos como parte de la terapia.    Mientras tanto, en los hospitales públicos, el problema más importante no son las drogas prohibidas, sino las legales. El alcohol y las pastillas medicinales están en la mayoría de los casos de intoxicación o consumo problemático que se atienden por guardia o consultorio. María Rosa Llorens es la jefa de Toxicología del Hospital Nacional Posadas, en El Palomar. Ese servicio es el Centro Nacional de Intoxicaciones, "el" lugar de referencia en la materia para todo el país. Trabaja ahí desde 1977. Vio y escuchó de todo, hasta llamados de montoneros que querían saber (tarde) cuál era el antídoto para la pastilla de cianuro. Lo que más le preocupa actualmente es el alcohol, presente en hasta el 80% de las consultas, asociado, la mitad de las veces, a otras sustancias.  Entre 2007 y 2009 recuerda que lo peor fueron varios episodios de jarra loca, donde los consumidores mezclaron con el alcohol pastillas del abuelo que resultaron ser hipoglucemiantes. La baja aguda del azúcar en sangre llevó al coma profundo. Hubo fallecimientos y personas con daño neurológico irreversible.  Por su parte, Mónica Nápoli, médica toxicóloga del Hospital Santojanni, en Mataderos, y coordinadora del Comité de Expertos en Adicciones del Gobierno de la Ciudad, sostiene: "Yo no quiero minimizar el tema de las drogas ilegales, pero más gente sufre por el alcohol. Esa tiene que ser la prioridad número uno, seguida por el tabaco y los psicofármacos. Luego vienen, en cantidad de consultas, las otras sustancias".  Con respecto a los cambios operados en los últimos años, Nápoli dice: "En los 90 hubo un exceso de internaciones para cubrir problemas familiares y sociales, niños de 14 internados durante tres años. Ahora ya no vemos gente derivada por la justicia que hacía el tratamiento para no ir presa; no se puede penalizar a alguien por tener un problema de consumo, sería como penalizar a un diabético porque comió un dulce".  Que hay un problema hay un problema, y alcanza con los datos aportados en 2012 por la Asociación Civil Intercambios. Luego de analizar todas las causas abiertas en veinte años por violaciones a la ley de estupefacientes 23.737 -todavía vigente-, se llegó a la conclusión de que el 70% fue por tenencia para consumo. ¿Por tráfico? Únicamente el 10%. Los números hablan solos. LO QUE DICEN LAS ESTADÍSTICAS La última estadística del Sedronar sobre el consumo de drogas en el país es de 2014, y se basa en encuestas realizadas durante 2011. Según ese estudio, en la población que va de 16 a 65 años, el 1,5% dijo haber tomado en el último año, al menos una vez, tranquilizantes, estimulantes y antidepresivos sin receta médica. Con respecto a las drogas ilícitas, el 3,2% había consumido marihuana; el 0,7%, cocaína; el 0,04%, paco; el 0,1%, éxtasis, y el 3,4%, alguna otra sustancia ilegal. Pero, en la ciudad de Buenos Aires, los números se disparaban. El uso de tranquilizantes, estimulantes y antidepresivos sin receta médica, al menos una vez al año, alcanzaba al 3% de la población; el de marihuana, al 9,7%; el de cocaína, al 1,1%; el de paco, al 0,05%; el de éxtasis, al 0,4%, y el de otras sustancias ilegales, al 10%. 
Legales

Mexico: Ven ventaja económica en legalización de la marihuana


Miles K. Light, especialista de Estados Unidos, indicó que el impuesto que se cobra por dicha droga Colorado es de 15% a aquellos que siembran, 10% para los que venden y sólo 2.3 es por uso medicinal

thumbnail_img
Con la participación de especialistas de Estados Unidos, uno de los países con políticas de drogas abiertas a la recreación y uso medicinal, arrancó el tercer foro en el que se debate el uso de la marihuana y se profundizan en los aspectos económicos y regulación en México. Miles K. Light, de la Universidad de Colorado y asesor del gobierno del Estado en la implementación de la regulación, detalló que desde 2014 en Colorado, cuando se legaliza el uso recreativo de la marihuana -previamente ya había sido legalizado su uso medicinal- en ese estado, se vendieron 720 millones de dólares por marihuana, de los cuales se recaudó por concepto de impuestos alrededor de 76 millones de dólares, que a su vez 65% era por venta medicinal de la droga y 35% por la venta para uso recreacional. Para el 2015, el gobierno de Colorado calcula una venta de 996 millones de dólares por el enervante, de los que se recaudaron impuestos por 135 millones de dólares, de los cuales el 45% fue por uso medicinal y el 55% recreacional. De acuerdo con el especialista, que dio su ponencia en la Universidad Autónoma de Coahuila, el impuesto que se cobra en dicho estado de los Estados Unidos es del 15% a aquellos que siembran, el 10% para aquellos que venden y sólo el 2.3% es por uso medicinal. El investigador de la Universidad de Colorado aseveró que hay un impacto económico en la legalización de la marihuana, tal como lo mostró con las cifras de recaudación de impuestos. Por su parte, Ernesto López Portillo Vargas, integrante del Instituto para la Seguridad y Democracia, subrayó que las políticas prohibicionistas sobre las drogas se traducen en un mercado de violencia, que a su vez genera un mercado de inseguridad. "Al modelo prohibicionista le funciona la idea de criminalización a las drogas, a la Policia le funciona la criminalización de las drogas, les produce rentabilidad, les produce dinero por goteo estriado a través de extorsiones", precisó. A su vez, Juan Carlos Hidalgo de CATO Institute, en México no existe un problema de consumo de marihuana, esto comparado con cifras de otros países de América Latina. tpc
Legales

En política de drogas Argentina mira al pasado


thumbnail_img
Argentina se atrasa para diseñar nuevas políticas y poco tendrá para aportar en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas Sobre Drogas que se realizará en abril en Nueva York. La cita de los líderes mundiales será crucial, porque se evidenciará el quiebre de las políticas prohibicionistas que no lograron terminar con la producción, oferta y demanda de drogas. El problema es que mientras parte del mundo (sobre todo en América Latina y en Europa) avanza en nuevas estrategias para regular el consumo, priorizar la prevención y entender que los adictos son enfermos, no delincuentes, Argentina pone en marcha el añejo y fracasado combate al narcotráfico que no minó el poder de un negocio que es multimillonario precisamente porque es ilegal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tradujo en “Narcotráfico cero” el eslogan “Terminar con el narcotráfico” que el presidente Mauricio Macri repitió durante su campaña. Ningún país, nunca, logró metas tan ambiciosas. Muchos ya ni siquiera se las plantean. En aras de un objetivo imposible, el gobierno decretó una “emergencia en seguridad”, criticada por centenares de intelectuales y especialistas serios, profesionales que, sin sesgos partidarios, advirtieron que la decisión presidencial impulsa medidas que profundizan las peores tendencias en políticas de seguridad, ubicando al narcotráfico como la principal amenaza pero sin haber elaborado previamente un diagnóstico claro. Tal y como está planteado, el decreto sólo aumenta el poder de acción de las fuerzas de seguridad –que son las principales cómplices del negocio narco en Argentina- y suma a las Fuerzas Armadas, decisión que, como ya se ha demostrado a nivel internacional, sólo incrementó la violencia y las violaciones a los Derechos Humanos. Argentina acudirá a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas con esta “emergencia de seguridad” bajo el brazo. México, en cambio, llega con un debate social avanzado para legalizar el cultivo y consumo personal de marihuana. Colombia ya autorizó el uso de la marihuana medicinal. Chile permite el autocultivo de hasta dos matas para uso personal, sin posibilidad de vender ni comprar. En Costa Rica se privilegian programas de reducción de daños y se atiende el consumo de drogas como un problema de salud, no de seguridad. En Jamaica se permite el uso tradicional y medicinal de la marihuana. El nuevo gobierno de Canadá prometió la legalización. En Estados Unidos, el país que más drogas consume en el mundo, la regulación de la marihuana ya rige en la capital y en 23 estados, en algunos incluso para uso recreativo. En su precampaña presidencial, Hillary Clinton propuso reducir la categoría de “peligrosidad” del cannabis, que hoy sigue equiparada con la cocaína y la heroína. Y Uruguay, no lo olvidemos, fue el primer y hasta ahora único país del mundo que reguló toda la cadena de producción, consumo y venta de marihuana. En Europa, estados como Suecia, Holanda, España, Alemania, Noruega y Luxemburgo cuentan con salas supervisadas por especialistas en donde los usuarios pueden consumir drogas con menores riesgos a que si lo hicieran en las calles. Los enfoques novedosos en políticas de drogas avanzan en ambos lados del Atlántico, pero Argentina, en una decisión peligrosa, prefiere seguir mirando al pasado.
Institucional

Duele Paraguay


thumbnail_img
La niña de 3 años que fue alcanzada por las balas de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante un negligente operativo en Nueva Italia, falleció luego de un cuadro de muerte cerebral. La muerte de la menor se dio la mañana de este lunes 20 de junio, luego de que su salud se fuera deteriorando desde el sábado pasado cuando recibió un balazo en la cabeza por parte de agentes de la Senad, en un operativo antidrogas realizado en un cañaveral situado en Nueva Italia, propiedad de la familia Zanotti Cavazoni. La niña se encontraba junto a otras dos personas en el interior de una camioneta que fue tiroteada por agentes de la Senad. También resultó herido Alessandro Zanotti, tío de la niña, quien recibió tres impactos de bala y está recuperándose favorablemente en el Hospital de Traumas. El empresario Ulrico Zanotti Cavazoni manifestó en Radio Monumental AM que la camioneta recibió 19 impactos de bala. "Ellos dijeron que dispararon a las ruedas, pero todos los disparos dieron por el vidrio, la carrocería", expresó. Los miembros de la Senad acusaron a Zanotti Cavazoni, quien estaba al mando del vehículo, de haberse "escapado" de ellos. Zanotti declaró que al ver dos camionetas que les disparaban, pensaron que era un asalto. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) repudió este lunes la muerte la niña y aseguró que los agentes antidroga "dispararon y golpearon a personas indefensas, en presencia de un agente fiscal" y recordó que ya en su informe de 2014, advertía de que la Senad "no se encuentra ni constitucional, ni legalmente habilitada para hacer uso de la fuerza, ni para tener personas bajo custodia en sus instalaciones". Los agentes de esta institución "arrestan personas, allanan domicilios, realizan controles ruteros, portan armas, detienen personas buscadas fuera del país por delitos comunes, participan de operativos de "contrainsurgencia", realizan "patrullas" en "zonas rojas", verificaciones y cacheos de personas o requisas callejeras", concluyó el ente antitortura en su informe de 2014. La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) dijo este lunes en un comunicado que el ataque contra la camioneta en la que viajaba la niña junto a otras dos personas se produjo "sin justificación ni amparo legal alguno". Gilberto Penayo, abogado de la familia Zanotti Cavazzonni, comentó que solicitan la pena máxima por el asesinato de la niña. Penayo declaró que se trató de un grave error y que la situación se agrava al tratarse de funcionarios de una institución pública de seguridad. "Cómo se van a equivocar de vehículo y persona, y disparar a mansalva y matar a la gente. Esto afecta a la ciudadanía toda. ¿Qué tipo de seguridad tiene la ciudadanía después de estos hechos? Es muy delicado, muy grave", añadió. En relación al argumento de los agentes imputados, sostuvo que los mismos "dicen que dispararon para que se detenga la camioneta, que dispararon a las ruedas, pero rociaron de balas la camioneta. No tiene ni pie ni cabeza lo que dicen. Dispararon a matar, hay disparos desde tres ángulos. Es tremendo, terrible" concluyó el abogado. Este viernes 24 se convoca la denominada "Marcha por la Paz" partiendo a las 19:00 horas desde la Plaza Uruguaya hasta el Ministerio del Interior.  
Legales

Cronica de un preso por cultivar


thumbnail_img
Fran vive en Lomas de Zamora, uno de los epicentros del sudoeste del conurbano bonaerense. El, como cualquier “after chabón” de cualquier barrio, es un tipo laburante, que vive por y para sus tres hijos, familia, amigos y seres queridos. Además de Boca Jrs. sus otras pasiones son el cannabis y el activismo. Su primera experiencia en cultivo fue hace cuatro años con unas AK-47. Al año siguiente decide activar y comienza a participar en Codelo. Un día, la policía le toca la puerta y le da la nefasta noticia de que un vecino lo había transformado en bandido.  Por más que nunca haya tirado un solo tiro, ni vendido un gramo de sustancias, la justicia decidió someterlo. Esta es su historia. Eran las cinco de la mañana de un día de semana cuando la “justicia” interviene en la vida de Fran. Como imaginaran, todos dormían. - “Tenía trece plantas de las cuales dos ya estaban terminando de florar, ocho frascos con flores, varias semillas, artículos de cultivo, y toda una colección de parafernalia fumeta de la buena. Uno de esos frascos era para hacerle aceite a mi hermana que sufre de ataques de epilepsia cada seis horas, pero me cortaron…  ”. - “En medio del allanamiento un oficial de la gendarmería trató de tranquilizarme diciéndome que pensaban que había una fábrica de droga, y que no me iba a pasar nada. Hasta llegó a felicitarme por lo bien cuidadas que estaban las plantas y decirme que él también era cultivador… Del Cinturón Sur de Gendarmería es el copado”.  Post allanamiento, Fran queda detenido más de CUATRO MESES en el penal de DEVOTO gracias a un abogado que luego de cobrar sus honorarios, desaparece. Fue la abogada que le designó la justicia quien lo liberó. Mientras, en ese lapso de tiempo dentro en el penal, Fran recolectó una serie de anécdotas y experiencias que pueden sonar simpáticas, pero están lejos de ser datos de color. - “Estando preso tenia celular con WhatsApp y Facebook, y conseguía cinco porros de un prensado horrible por doscientos pesos. La policía era el proveedor de todo lo que quisieras… si podías pagarlo. En general, no nos trataban tan mal. Tuve suerte de no ir a Marcos Paz por lo que me dijeron, ahí no se sabe si volvés a tu casa”. También comenta que adentro se cruzó con muchos cultivadores. Si sumamos el tiempo que estuvo preso más, lo que demoró la justicia en devolverle todas sus pertenencias allanadas, podemos deducir que Fran vivió siete meses de su vida igual que un delincuente. La marca de una ley que sigue castigando familias inocentes dura para siempre. Por eso, Fran activa. - “Lo que me tocó vivir fue muy triste. Sobre todo, no haber podido estar en el nacimiento de mi tercer hijo. Eso ya no me lo pueden devolver. Gracias a dios, recibí apoyo de mucha gente. Puedo contarla y eso ya es un montón.  Ahora tengo más ganas de cultivar que nunca”.
Legales

#NoSomosNarcos: Operativo contra un delivery de pizzas por tener plantines de marihuana


Un operativo policial en Necochea mantuvo demorado a un delivery de pizza que tenía en su casa plantines de marihuana. La ONG de Canabicultores de Necochea emitió un comunicado explicando la situación

thumbnail_img
La detención de un joven trabajador que tenía en su casa plantines de marihuana provocó la reacción de la ONG Cannabicultores Necochea, que emitió un comunicado rechazando el operativo. El comunicado presenta la situación del trabajador (delivery de pizzas) que, aunque solo fue demorado, ahora enfrenta una causa penal innecesaria, dado que apenas disponía de una serie de plantines y una pequeña cantidad de flores para consumo personal. El comunicado insiste sobre la necesidad de conseguir de manera urgente una "ley de drogas respetuosa de los derechos humanos". Este es el texto lanzado por la ONG a raíz del episodio:  #NoSomosNarcos   Ayer en Necochea, a las 16 hs, allanaron a Javier Cortez, cultivador de 36 años. Lo tuvieron 5 horas esposado, y le sacaron 17 pequeños plantines en estado vegetativo, semillas y 3 frascos de flores.  Javier tiene una pizza delivery en el frente de su casa, le secuestraron el teléfono con el que trabaja en la pizzeria y mancharon su reputación. Javier trabaja, vive con su abuela y cultiva sus plantas para consumo personal.  Afortunadamente no estuvo detenido, pero se le inicio una causa penal, se quedó sin sus plantas y el junto a su familia pasaron un momento horrible.  #a30añosdeBazterrica siguen persiguiendo a usuarios y cultivadores. Desde Cannabicultores Necochea repudiamos estos allanamientos.    Reclamamos una urgente ley de drogas respetuosa de los derechos humanos.    #AUTOCULTIVOYA